Obtenga claridad sobre los riesgos geopolíticos y los desafíos del cambio climático que impactan su sector o institución.
Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad.
En el contexto global actual, marcado por el giro aislacionista y proteccionista del gobierno estadounidense que se declara, además, escéptico del calentamiento global y el cambio climático, República Dominicana y los demás países del Caribe enfrentan retos urgentes para garantizar la sostenibilidad de su modelo de desarrollo.
Uno de los sectores con mayor huella climática y ambiental, la industria del cemento y la construcción destaca por su consumo intensivos de recursos naturales, energía y emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.
Esta industria, que va desde la producción de cemento hasta la operación de edificaciones residenciales y comerciales, es responsable de una parte considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), además de generar impactos en la calidad del aire, el uso del suelo y la gestión de residuos.
Industria cementera
El cemento es el segundo material más consumido del planeta después del agua. Sin embargo, pocos conocen su elevado impacto climático. Según el reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) Technology Roadmap: Low-Carbon Transition in the Cement Industry (2018), la producción de cemento representa aproximadamente el 8% de las emisiones globales de CO2, debido principalmente a dos factores: la calcinación del carbonato de calcio (una reacción química que libera grandes cantidades de dióxido de carbono) y el consumo intensivo de combustibles fósiles en los hornos de producción.
En República Dominicana la construcción está en auge por el crecimiento urbano y el desarrollo turístico, por ello, la industria cementera tiene un rol clave en los esfuerzos por reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. En ese sentido, es evidente que la dependencia de cemento tradicional, con tecnologías poco eficientes y combustibles como el carbón o el coque de petróleo, agrava este impacto.
No obstante, existen oportunidades claras de mejora: el uso de materiales alternativos como el cemento de bajo contenido de clínker, la sustitución de combustibles fósiles por residuos agrícolas o biogas, y la adopción de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCUS) podrían reducir drásticamente las emisiones del sector sin comprometer su capacidad de producción.
En República Dominicana, los líderes de la industria cementera ya han identificado iniciativas para revalorizar y aprovechar los residuos sólidos como fuente de energía, así como reducir el contenido de clincker y darle más protagonismo a las fuentes de energía renovables.
El objetivo, según ha confirmado la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Empresas Productoras de Cemento (Adocem), Julissa Báez, es reducir drásticamente y hasta erradicar, de ser posible, las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria cementera.
Desde el gobierno y con el apoyo de la cooperación internacional se está empujando también en este esfuerzo, específicamente, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, presentaron una expresión de interés ante los Fondos de Inversión para el Clima (CIF) para aspirar a los fondos del Programa para la Descarbonización de la Industria, el cual, de ser aprobado, movilizaría importantes recursos para empujar ese proceso en el país.
Además, la industria nacional del cemento desarrolla programas permanentes de reforestación y recuperación de ecosistemas para preservar el patrimonio natural del país.
Más allá del proceso de producción del cemento, el sector de la construcción también genera impactos ambientales durante la vida útil de las edificaciones.
Las viviendas, oficinas, hoteles y plazas comerciales demandan grandes cantidades de electricidad para climatización, iluminación, refrigeración y operación de equipos.
En la cálida y húmeda República Dominicana, el consumo energético en aires acondicionados y refrigeración representa hasta el 50% del total del consumo de los edificios. Si esta energía se abastece de plantas generadoras basadas en combustibles fósiles como el carbón, el fuel oil o el gas natural, el resultado es una alta carga de emisiones que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático.
Adicionalmente, la eficiencia energética en la mayoría de los edificios es baja debido a estándares de construcción no diseñados para la eficiencia energética sino centrados, como era lógico, en la economía de la construcción y la resistencia sísmica como parámetros fundamentales.
Tampoco incorporan los llamados diseños pasivos, que permiten una ventilación natural, aislamiento térmico, y orientación solar adecuada de doble beneficio que mejore la iluminación natural y reduzca el impacto calórico de la radiación solar, lo que reduce la dependencia de aires acondicionados y, por tanto, reduce la huella de carbono de los edificios.
En este apartado, al menos ya se inició en República Dominicana un proyecto para instalar paneles solares en los techos de 300 escuelas de todo el país, priorizando aquellas en las que no cuentan con servicio eléctrico.
Sin embargo, las oportunidades de mejora son significativas. La implementación de normas de construcción sostenible; el uso de bombillas y equipos eléctricos de alta eficiencia; la incorporación de paneles solares; techos verdes; sistemas de recolección de agua de lluvia; y certificaciones ambientales como LEED o EDGE, que acreditan que una construcción es sostenible y mejoran el valor de las propiedades, pueden reducir el consumo energético de los edificios, disminuir los costos operativos y mejorar la calidad de vida de las personas.
En tal sentido, el gobierno y el Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores (CODIA), junto a ADOCEM, vienen trabajando en un proyecto de actualización de los códigos de construcción para asegurar que el país cuente con estándares más adaptados a las necesidades de estos tiempos.
Precisamente el CDRI, junto a la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron en días recientes el Taller Regional sobre Recuperación Resiliente y Reconstrucción Mejorada para Centro América y El Caribe Build Back Better, una iniciativa dirigida a impulsar la reconstrucción post desastre de las obras públicas, con estándares mejor adaptados a los posibles impactos del cambio climático en el Caribe.
Esta iniciativa surge a propósito de que, en la última década, países como Haití, Dominica y Bahamas han sufrido grandes daños por huracanes de alta intensidad, pero en muchos casos, la reconstrucción ha replicado las mismas vulnerabilidades estructurales que existían antes del desastre, lo que lleva a un estado de repetición cíclica de vulnerabilidades y pérdidas ante desastres que es insostenible económica, social y ambientalmente.
Por ello, adoptar el principio de “reconstrucción resiliente” no solo es una necesidad técnica, sino también una obligación ética que debe llevar a que los fondos destinados a la recuperación y reconstrucción de infraestructuras se orienten a proyectos que consideren las proyecciones climáticas a largo plazo, la planificación urbana sostenible y la participación comunitaria.
Además, los incendios ocurridos a inicios de este año en California, Estados Unidos, pusieron en evidencia la necesidad de incentivar los seguros climáticos para minimizar las pérdidas patrimoniales a causa de sequías, inundaciones, u otros eventos relacionados con el cambio climático.
También es necesario seguir incentivando el financiamiento verde, las alianzas público-privadas y los mecanismos de cooperación internacional para garantizar recursos suficientes y duraderos en la mejora de infraestructuras críticas.
