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Entre el 9 y el 13 de junio, Francia, acogerá en la ciudad de Niza la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), un encuentro clave para redefinir el rumbo de la acción climática en los ecosistemas marinos, en el contexto de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.
Esta cumbre reunirá a jefes de Estado de todo el mundo, expertos científicos, organismos multilaterales y representantes de la sociedad civil, por lo que se espera que sea mucho más que una cumbre ambiental y se convierta en un encuentro definitivo en la batalla por el futuro del planeta.
Para República Dominicana, un pequeño estado insular en vías de desarrollo con una ubicación geográfica estratégicamente valiosa, este evento representa una oportunidad histórica para afianzar el liderazgo construido en los últimos años y alzar la voz para exigir justicia climática.
Pocos espacios del planeta reflejan de forma tan clara el impacto del cambio climático como los océanos.
Esto resulta lógico si consideramos que los mares y océanos cubren el 71% de la superficie terrestre y han absorbido cerca del 90% del exceso de calor generado por los gases de efecto invernadero que se liberan con la quema de combustibles fósiles. También han absorbido el 25% del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas desde la era industrial.
Este “servicio ambiental gratuito” que los océanos nos han prestado ha sido fundamental para frenar un colapso climático aún más acelerado.
Pero esa capacidad de absorción tiene consecuencias físicas y químicas en las aguas: el calentamiento, la acidificación, la pérdida de oxígeno, el blanqueamiento de corales y la migración forzada de especies están desestabilizando ecosistemas enteros alrededor del mundo.
A esto se suma el aumento acelerado del nivel del mar, causado por el calentamiento del agua y el derretimiento del hielo polar, que ya amenaza a millones de personas que viven en zonas costeras bajas en países como República Dominicana.
Para la República Dominicana, un país con más de 1,500 kilómetros de línea costera, el impacto del deterioro de los océanos no es un tema abstracto: es una realidad cotidiana.
Según datos del Banco Mundial, más de 1.5 millones de dominicanos residen a menos de 3 metros sobre el nivel del mar, y zonas turísticas clave como Punta Cana, Boca Chica, Samaná o Las Terrenas están directamente expuestas a la erosión de las playas, las marejadas ciclónicas y el aumento del nivel del mar.
Según datos oficiales, el turismo representa cerca del 20% del PIB del país y emplea a cerca del 8% de los trabajadores y trabajadoras, la pesca artesanal y a pequeña escala es una actividad que aporta cerca del 0,3% del PIB, por lo que miles de familias ubicadas en pueblos y ciudades costeras dependen de esta actividad, lo que los pone en la primera línea de vulnerabilidad climática ante los mares y océanos.
Eventos extremos como los de noviembre de 2022 y 2023, en los que Santo Domingo sufrió graves inundaciones que causaron más de 30 muertes y millones de pesos en pérdidas económicas, han llevado a todos los sectores de la sociedad a pasar de las palabras a la implementación de políticas de adaptación climática.
Informes de la organización Climate Central han advertido que un aumento de la temperatura global en 2°C podría triplicar la probabilidad de lluvias extremas como las de aquellos días de noviembre, o peor si se producen asociadas a algún huracán.
Por tanto, el país no puede darse el lujo de permanecer pasiva ante tan grave amenaza.
A pesar de sus limitaciones estructurales, República Dominicana ha sabido posicionarse en los foros internacionales como una voz con legitimidad moral y propuestas claras.
Como miembro activo del grupo G77+China y de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (SIDS), el país impulsa una visión en las negociaciones climáticas que exige compromisos comunes para todos los países pero diferenciados, en que los países que más han generado gases de efecto invernadero tienen mayor responsabilidad en las causas y soluciones al cambio climático y, por tanto, deben asumir la mayor parte de los costos de adaptación a sus efectos.
A lo interno, el país ha adoptado políticas como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que incluye la sostenibilidad ambiental como uno de sus pilares; las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), que son el ejercicio de planificación más preciso, bancable y alineado con el Acuerdo de París; la Política Nacional de Cambio Climático y los Planes Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Además, el país ha dispuesto de otras acciones en protección de los mares y océanos, tales como la protección del 30% de su territorio marino a través del Marco Global para la Diversidad Biológica, entre otras medidas.
La Cumbre de los Océanos en Niza no será solo un foro de denuncias, sino una plataforma de negociación y acción. República Dominicana puede y debe hacerse representar al más alto nivel y llevar una agenda clara centrada en al menos tres ejes:
La UNOC3 no puede entenderse de forma aislada. Apenas cinco meses después de este encuentro, en noviembre, el mundo se reunirá en Belém, en el norte de Brasil, para la COP30, en el corazón de la Amazonía.
Si en Niza se hablará en clave azul, en Belém el color será el verde, y RD está jugando un rol crucial en tender puentes entre ambos mundos, por su doble condición de país latinoamericano y caribeño.
El país debe insistir en una visión ecosistémica integrada que conecte océanos y selvas tropicales como sistemas reguladores del clima.
Ambos son sumideros de carbono. Ambos están amenazados por actividades económicas humanas insostenibles. Y ambos requieren financiación, monitoreo y protección inmediata.
Al promover esta narrativa, el país puede mantener su posicionamiento como actor estratégico que articula las prioridades del Caribe, América Latina y las naciones en desarrollo en general, siendo además un país de ingreso medio.
Por tanto, esta Cumbre de los Océanos en Niza será una vitrina para mostrar las potencialidades nacionales, pero también será un campo de batalla diplomático en un contexto mundial en el que los intereses geopolíticos y económicos pueden dejar de lado las urgencias ambientales y climáticas, lo que obliga a que países como la República Dominicana deban levantar la voz con firmeza, pero también con propuestas claras, concretas y realizables.
La defensa de nuestros océanos no es una causa romántica ni se trata de salvar a animalitos indefensos de la extinción, se tratade es una necesidad existencial.
Para los millones de dominicanos y dominicanas que viven en las zonas costeras, para el tejido productivo del país que está amenazado por la intrusión salina que produciría una mayor subida del nivel del mar o que resulta afectado por las lluvias intensas y los huracanes; o para los ciudadanos de a pie que pierden vehículos, viviendas y enseres, este es un tema crucial en el que se les va la vida.
Por ello, el liderazgo que ejerzan el gobierno dominicano y las organizaciones aliadas en esta cumbre puede hacer la diferencia.
