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Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán del 28 de febrero están cambiando el funcionamiento económico y energético del mundo.
Lo que empezó bajo el discurso de que sería un conflicto regional en Oriente Medio se convirtió en pocas horas en una guerra que interrumpió el suministro energético global a niveles nunca vistos, incluso peor que la crisis de 1973.
Desde que Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo y el gas natural que se exporta en el mundo, desencadenando una crisis que ha disparado precios, vaciado reservas y obligado a gobiernos de los cinco continentes a tomar medidas de emergencia.
El tránsito de buques por Ormuz cayó de unos 130 diarios en febrero a apenas seis en marzo. En consecuencia, el crudo Brent pasó de 70 a casi 110 dólares por barril en el primer mes de guerra. Al menos 23 instalaciones de petróleo y gas en nueve países han sido impactadas por ataques militares.
Las advertencias del director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, señalan sin rodeos que esta es la mayor interrupción del suministro de energía en la historia del mercado petrolero mundial.
Más del 80% de los hidrocarburos que transitan por el Estrecho de Ormuz va a Asia, que sufre un impacto brutal e inmediato. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., fue el primero en declarar emergencia energética nacional y firmó la orden ejecutiva 110 que, entre otras cosas, envía a teletrabajo a empleados de diversas instituciones y sectores de la economía.
Filipinas importa entre el 95% y el 98% de su petróleo desde de la región de Medio Oriente y cuenta con reservas nacionales de combustible para apenas 45 días, a causa de la crisis, el precio del diésel se duplicó, estallaron protestas en el sector transporte y el gobierno negoció directamente con Washington la compra de crudo incluso desde Rusia.
Japón anunció la mayor liberación de reservas de combustibles de su historia, relajó las normas de uso de centrales térmicas de carbón por un año y pidió a Australia que aumente la producción de gas.
Corea del Sur vive su mayor crisis energética en décadas, su presidente solicitó al parlamento un presupuesto suplementario de 17.300 millones de dólares, mientras las autoridades piden a los ciudadanos ducharse menos y cargar sus teléfonos de día para ahorrar electricidad.
China e India, los mayores importadores del mundo, tienen más margen de maniobra gracias a sus enormes reservas estratégicas, además de que cuentan con el suministro de petróleo ruso, sin embargo, se mantienen en alerta para no sufrir los impactos de esta crisis.
Tal como advertí en artículos anteriores, la competencia por acceso a los proveedores ha causado aumentos de los precios del gas (70%) y del petróleo (60%) en la Unión Europea. La respuesta europea combina austeridad, subsidios y medidas fiscales, adoptando el plan de diez puntos de la Agencia Internacional de Energía (AIE): reducir la velocidad en autopistas, promover el teletrabajo, incentivar el transporte público y reducir el número de vuelos.
España aprobó un paquete de 80 medidas que incluye la reducción del IVA sobre combustibles del 21% al 10% y rebajas fiscales para el transporte, el campo y la pesca.
Eslovenia fue más lejos e impuso un racionamiento formal, limitando el consumo de combustible a 50 litros diarios por vehículo particular, y para las empresas y agricultores el límite máximo es de 200 litros por día.
Hungría y Croacia fijaron precios máximos a la gasolina y el diesel para compensar la volatilidad del mercado internacional. Italia estudia recortes de impuestos especiales y una tasa a las empresas que capitalicen indebidamente la crisis.
A nivel global, los 32 países miembros de la AIE aprobaron por unanimidad la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia: 400 millones de barriles, con Estados Unidos aportando 172 millones y Japón casi 80 millones. Sin embargo, hay que recordar que por Ormuz transitaban 20 millones de barriles al día, lo que indica que esas reservas liberadas sólo suplen la producción equivalente a 20 días.
Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha minimizado en varias ocasiones el impacto global del cierre de Ormuz, afirmando que EE.UU. no necesita el petróleo que circula por el estrecho, la gasolina en ese país superó los 4 dólares por galón por primera vez desde 2022.
Los agricultores, además, están pagando precios más altos por los fertilizantes pues el precio de la urea importada subió entre el 25% y el 40% desde finales de febrero y su aerolínea bandera, United Airlines, advirtió que podría elevar las tarifas hasta un 20%.
El gobierno respondió eliminando regulaciones para acelerar la producción doméstica de crudo y ha llamado a que los países afectados por la falta de crudo en el mercado le compren a EE.UU., pese a que su producción aun no alcanza los niveles para cubrir dicha demanda.
La Unión Africana ha advertido que la región enfrenta un aumento repentino de los precios del petróleo, interrupciones en rutas comerciales clave y amenazas a las exportaciones de productos perecederos. Las aerolíneas africanas reportan interrupciones en el espacio aéreo regional y, sin las reservas estratégicas de las economías desarrolladas, protege a los consumidores con subsidios, sin poder avanzar en medidas estructurales de fondo.
La región vive una paradoja: produce 10 millones de barriles diarios que equivalen el 10% del mercado global, pero solo refina el 15%, lo que obliga a importar productos derivados y catalizadores, exponiéndose a las mismas sacudidas que los países sin petróleo.
Brasil y Argentina se sienten relativamente protegidos por su producción propia, pero Venezuela y Nigeria son los únicos países de la OPEP que lograron aumentar producción en el primer mes de guerra. Chile, en cambio, anunció un alza de 32% en el precio de la gasolina y 62% en el diésel.
La crisis, sin embargo, abre una ventana estratégica para las potencias que buscan diversificar sus proveedores fuera del Golfo Pérsico, y Venezuela podría reaparecer en el escenario como actor central por sus reservas y su proximidad al mercado estadounidense y para el resto de la región que no producen petróleo.
Para República Dominicana la ecuación es severa, no producimos petróleo, dependemos de las importaciones y cada alteración en el mercado internacional se transmite directo a la electricidad, el transporte, los alimentos y el funcionamiento de toda la economía.
Desde el inicio de la crisis en marzo se interrumpieron las 38 semanas consecutivas de estabilidad en los precios de los combustibles, el período más largo sin ajustes desde 2022.
La respuesta del gobierno nacional ha sido sistemática y atenta, pero es inevitablemente costosa. Según estimaciones del ministro de Hacienda, la volatilidad del mercado de combustibles y los altos precios podrían hacer que el gobierno gaste hasta 50 mil millones de dólares sólo en subsidios para contener los precios de la gasolina y el gasoil. Eso sin contar los 105 mil millones que se dedicaron en 2025 a subsidiar el sector eléctrico, que también se ve presionado por el alza de los combustibles para la generación eléctrica.
También se dispuso un fuerte subsidio a los fertilizantes para mantener bajo control el precio de los alimentos y evitar que se disparen los precios de la comida.
Es que el desafío presupuestario es enorme, teniendo en cuenta que la planificación estatal de este año esperaba un petróleo a 65 dólares por barril, pero ya supera los 100 y apenas estamos iniciando abril.
El Ministerio de Energía y Minas llamó a reforzar las medidas de ahorro energético en todas las instituciones gubernamentales, mientras que el presidente Luis Abinader convocó a todos los sectores políticos, económicos y sociales a hacer frente común para hacer frente a esta crisis.
Y la situación lo requiere pues otras amenazas acechan, por ejemplo, las presiones inflacionarias y la inestabilidad económica en los países de residencia de la diáspora dominicana (Estados Unidos, España, Italia, etc), esta variable amenaza al ingreso nacional por remesas, pero también amenaza al turismo, pues ciudadanos de otros países pierden poder adquisitivo y los boletos aéreos suben de precio, el resultado es evidente.
Mientras Estados Unidos intenta poner fin a una guerra cada vez más impopular y menos favorable para sus intereses en Medio Oriente, postergando una y otra vez los anunciados ataques para destruir la infraestructura civil iraní, nada parece indicar que Teherán tenga intención de permitir que se normalice el flujo de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz.
De hecho, muchos analistas creen que se reabrirá hacia a mediados del segundo trimestre (mayo), pero la esperanza de que la producción petrolera se recupere pronto es cada vez más lejana, dada la destrucción que está dejando el conflicto en complejos industriales, refinerías, almacenes y estaciones de transferencia de gas y petróleo.
Bajo ese supuesto, el crudo podría estabilizarse por encima de los 70 u 80 dólares por barril hacia finales de 2026. Pero incluso si el precio baja, el efecto en los combustibles locales tarda semanas en materializarse, por ello, los economistas descartan por los próximos meses un retorno a los niveles previos a la guerra.
De hecho, JP Morgan ha lanzado una advertencia que explica la actitud “conciliadora”, pese a las amenazas, del presidente Trump, y es que las restricciones al suministro se agravarán en abril, cuando lleguen a puerto los últimos cargamentos de petróleo y gas despachados en febrero, antes del conflicto, por lo que el crudo podría llegar a 150 dólares por barril si el cierre de Ormuz se extiende hasta mayo.
Mientras que John Paisie, presidente de la firma consultora económica Stratas Advisors, va más allá y apunta que si el estrecho permanece cerrado otro mes sin señales de solución, el Brent podría acercarse a los 190 dólares por barril.
Por tanto, esta es una crisis imposible de ignorar y que menos aún se debe subestimar, pues los más vulnerables son siempre los países importadores sin reservas estratégicas enormes República Dominicana está en ese grupo.
La lección es la misma que lleva años pendiente y en la que hemos insistido muchas veces: hace mucho que la transición hacia energías limpias es mucho más que una responsabilidad ambiental, es un imperativo de seguridad nacional. Al igual que ocurrió en 2022 con la guerra en Ucrania, un conflicto a miles de kilómetros de nuestro suelo nos impacta y genera costos económicos, políticos y sociales cada vez más altos.
