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Egipto. Las negociaciones climáticas que se desarrollan en Sharm el-Sheikh, Egipto, en el marco de la cumbre del Cambio Climático (COP27), están marcadas nuevamente por la imposibilidad de que los países lleguen a un acuerdo para abandonar el uso del carbón como fuente de energía.
Pese a los avances logrados en el Acuerdo de París de 2015, el carbón, el más dañino de los combustibles fósiles por su efecto invernadero y sus consecuencias para la salud, sigue teniendo gran importancia comercial y geopolítica en el mundo actual, en pleno año 2022.
Ya en el pacto de Glasgow (COP26, 2021) hubo una fuerte resistencia a renegar del carbón, no solo India y Australia se opusieron a que se hiciera referencia a la necesidad de abandonar ese combustible como fuente de energía, varios países de Europa y EE.UU. tampoco lo intentaron demasiado y al final de las conversaciones sólo hubo referencias al metano, otro de los gases de efecto invernadero de alto impacto en el calentamiento global, pero que sólo representa el 17.2% de las emisiones globales de GEI, mientras que el Dióxido de Carbono (CO2) representa el 74% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Alemania, por ejemplo, que reactivará 27 plantas de carbón para 2024, no se ha expresado abiertamente, pero es obvio que no impulsará en esta COP27 una resolución que condene, prohíba o sancione el uso del carbón como fuente de energía, lo que sin duda tendrá un severo efecto en las concentraciones de carbono en la atmósfera terrestre y, por tanto, seguirá agravando el calentamiento global que causa el cambio climático.
Este año, India anunció su intención de apoyar las iniciativas que tiendan a reducir el consumo de otros combustibles fósiles, como el metano o el petróleo, un producto bajo duros cuestionamientos por activistas y ahora por negociadores que critican los subsidios que otorgan los gobiernos a los combustibles fósiles, tema que se debe tratar con mucho cuidado en los países en vías de desarrollo, como la República Dominicana.
Además, ese es un tema que no sólo afectaría a las grandes compañías petroleras del mundo, tan poderosas en los lobbys y la promoción de candidatos presidenciales en los países industrializados, sino que también podría afectar a los países productores y exportadores de petróleo, agrupados o no en la OPEP y liderados por Arabia Saudita como mayor exportador de crudo del mundo, que en estos días vive una tensa relación con EE.UU. por sumarse a los recortes de producción de crudo para mejorar los precios del hidrocarburo en los mercados internacionales, pero que son vistos en Washington como un apoyo a Rusia.
Por tanto, parece casi imposible que esos pedidos por eliminar los subsidios a los combustibles, tanto en los mercados locales como en los internacionales logren avanzar en las mesas de negociación en esta Conferencia.
El mecanismo de compensación por pérdidas daños a causa del cambio climático, es un tema que ocupó el centro de los discursos de dignatarios en las primeras sesiones plenarias de alto nivel, especialmente el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; y el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quienes instaron a los países parte a adoptar como oficial un mecanismo que permita facilidades y moras en pagos de deuda a los países afectados por los efectos de cambio climático.
Esta segunda y última semana de esta COP 27 comienza con líneas de trabajo principales: en primer lugar, las consultas ministeriales para avanzar las negociaciones en los puntos más complicados; en segundo lugar, continúa el trabajo de los equipos técnicos de negociación para los temas regulares; y como tercer punto, ya empiezan los trabajos de preparación del documento de decisión a ser presentado en el cierre de la Conferencia.
Los países en vías de desarrollo, organizaciones internacionales y muchos países desarrollados, han estado insistiendo en que, pese a las dificultades para avanzar en temas clave, es fundamental que esta COP deje mensajes claros acerca de la crisis energética mundial, que sea consistente con la meta de evitar que la temperatura promedio del mundo aumente 1.5°C como máximo para el año 2100 y que dicha meta esté vinculada de manera directa a mejoras en el flujo de financiamiento en favor de los países en desarrollo. Los actores mayoritarios también insisten en que se activen los mecanismos de compensación financiera internacional por pérdidas y daños en favor de los países en desarrollo y persiste el llamado a que el documento de decisión debe seguir haciendo referencia a la ciencia.
