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No son pocos los que aún se pregunta cómo pudieron levantarse económicamente las dos naciones que terminaron devastadas y derrotadas tras la Segunda Guerra Mundial: Japón y Alemania.
Más allá de la reconstrucción económica, es evidente que el respaldo financiero, político y militar de las potencias vencedoras, especialmente de Estados Unidos, resultó fundamental para ambos países.
Tanto Alemania como Japón fueron forzados tras la cruenta y dolorosa guerra a renunciar a la posibilidad de participar en futuros conflictos armados, a cambio de la protección que EE.UU. les garantizaba por medio de alianzas estables, la disuasión nuclear y la contención de las potencias emergentes.
En teoría, ese compromiso sigue vigente, pero al cumplirse 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial (15/08/1945), y en medio de nuevas condiciones geopolíticas como la guerra en Ucrania, las tensiones en Asia-Pacífico y el ascenso de potencias como China e India, ese equilibrio global está siendo desmontado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su empeño por hacer que todos sus socios aumenten el gasto militar hasta el 5% del PIB, insiste en que proteger a sus aliados resulta muy costoso, afirmación que, según los datos del Departamento de Comercio, el Congressional Research Service y el Bureau of Economic Analysis, no se corresponde con la realidad.
Por ejemplo, EE.UU. invirtió en 2023 cerca del 3,4% de su PIB en defensa, es decir, cerca de 850 mil millones de dólares, según el Banco Mundial.
Lejos de ser un “gasto muerto”, esta inversión de fondos públicos motoriza una industria estratégica que genera millones de empleos, exportaciones de alto valor y dinamiza un ecosistema industrial altamente competitivo. Aunque el impacto exacto sobre el PIB varía según las fuentes, múltiples estudios coinciden en que el saldo neto entre inversión y retorno es, en términos amplios, positivo (cerca del 1,5% del PIB).
El asunto, es que los beneficios de esta inversión se van a super corporaciones de la industria militar como Lockheed Martin, Boeing, Northrop, o SpaceX, cuyo CEO es Elon Musk.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania (2022), Alemania ha experimentado un cambio radical en su política de defensa.
En 2024, “la locomotora económica de Europa” destinó 88.500 millones de dólares a gastos militares, un aumento del 28% respecto al 2023 que lo convierte en el cuarto país con mayor gasto militar del mundo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz.
Este incremento ocurre en un contexto de presión por parte de EE.UU. para que los países de la OTAN aumenten su inversión en defensa, y lo eleven al 5% del PIB, superando ampliamente el objetivo actual del 2% que esas naciones se han trazado.
Aunque Alemania aún no ha alcanzado el 2% del PIB en gasto militar, las declaraciones del presidente Frank-Walter Steinmeier indican la voluntad de Berlín de asumir un papel más destacado en la defensa europea.
De su lado, el nuevo canciller (jefe de gobierno), Friedrich Merz, ha respaldado esta tendencia y propone un paquete de inversión en defensa e infraestructura de 500.000 millones de euros, con exenciones a los límites de endeudamiento para el gasto militar, es decir, apunta a que Alemania se endeude sin límites para adquirir equipamiento militar.
Hay que considerar que, en los últimos 15 años, el gasto militar de Alemania ha oscilado entre 1 y 1,5% del PIB, apenas en 2024 llegó al 1,9%, pero Donald Trump insiste en que debe llegar al 5%, lo que significaría elevarlo en un 150%.
Pero esto no sería tan preocupante si el comportamiento del electorado alemán no tuviera ya una década dándole más y más votos a los partidos conservadores y que coquetean directamente con la ultraderecha.
Friedrich Merz ha tenido preocupantes expresiones acerca de todo tipo de migrantes y refugiados, incluso tuvo que disculparse por afirmaciones acerca de los refugiados ucranianos, anunciando duras restricciones para ingresar a Alemania y abogando por la revisión del estatus de algunos extranjeros naturalizados, tal vez sean esas actitudes lo que explica que su elección no se produjera en primera votación, por primera vez en la historia democrática del país.
Mientras que los propios servicios de inteligencia alemanes han calificado a los seguidores del principal partido de oposición en este momento, Alternativa para Alemania (AfD) como «contrarios a la Constitución» y «caso seguro de extremismo de derecha» pues «la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico ya que pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución».
No olvidemos que fue con ideas de ese tipo como comenzó la persecución y limpieza étnica contra los judíos hace poco menos de 100 años, aunque en este caso se trata de expresiones y concepciones contra los musulmanes.
Tengamos en cuenta que el partido AfD, que apenas se fundó en el año 2013 y ya hoy ocupa el 24% de los escaños en el Parlamento, es el que recibió diversas muestras de apoyo de Elon Musk, conducta por la que fue acusado de interferir en el proceso electoral bávaro.
Ubicado geográficamente frente a tres de los principales rivales de Estados Unidos (Rusia, Corea del Norte y China), Japón aceptó en su tratado de Rendición Incondicional de 1945, luego que EE.UU. lanzó sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que no volvería a construir un ejército formal y que el país renunciaba a participar en cualquier conflicto bélico, a través del artículo 9 de su constitución.
Esto sólo era posible gracias a que EE.UU. estableció más de cien bases militares en territorio nipón y asumió la defensa del país, en una relación Ganar-Ganar, que le daba garantías de seguridad a la Tierra del Sol Naciente y le aseguraba a Washington la presencia permanente de sus tropas y flotas en el otro lado del mundo para contrarrestar a la Unión Soviética, defender a Taiwán ante China y asegurar su supremacía en el Pacífico.
Sin embargo, Donald Trump califica el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua de 1951 que otorga a EE.UU. esa presencia militar estratégica en Japón como “acuerdos injustos negociados por estúpidos” e insiste en que Tokio aumente su presupuesto militar.
Hay que decir que Japón viene invirtiendo cada vez más en armas y equipamiento militar en la última década, llegando al récord de 52 mil 430 millones de dólares destinados a defensa.
Esto responde a las crecientes tensiones regionales, incluyendo el desarrollo armamentístico y nuclear de Corea del Norte, la rivalidad con China y su creciente actividad militar en el estrecho de Taiwán.
El primer ministro japonés y presidente del Partido Liberal Democrático, Shigeru Ishiba, ha liderado este cambio, buscando reforzar la capacidad militar del país en un entorno geopolítico desafiante, pero cuidándose de no entrar en conflicto con la Constitución, pese a que una corriente de su partido aboga por la reinterpretación del artículo 9, el cual reza lo siguiente:
ARTÍCULO 9. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido.
Pese a lo clara que es la afirmación pacifista japonesa, desde 2014 el entonces primer ministro Shinzo Abe (aquel al que Donald Trump le apretó la mano y casi le saca lágrimas), impulsó la reinterpretación del Artículo 9 para permitir el derecho a la autodefensa colectiva, argumentando necesario para garantizar la seguridad de Japón en un entorno regional más hostil.
Ese proceso se formalizó en 2015 con la aprobación de nuevas leyes de seguridad que permiten a las Fuerzas de Autodefensa de Japón participar en operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, intervenir si un aliado es agredido, aunque el país no sea atacado directamente.
Esto apunta a que un Japón con poder militar y poder legal para actuar en el exterior sería el aliado regional que busca EE.UU. para ayudarle a “defender” a Taiwán en un posible conflicto con China, pero no deja de traer malos recuerdos el que Tokio se convierta nuevamente en una potencia agresiva capaz de “encontrar” razones “legítimas” para iniciar acciones ofensivas de “defensa colectiva”, como ya sucedió antes, en las dos invasiones de Japón a China, hace menos de 100 años.
