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RD está a tiempo de evitar una crisis ambiental irreversible, pero urge acción y una revisión del modelo de desarrollo para que sea sostenible
El río Ozama es un anticipo de la crisis ambiental que amenaza a RD
Junio es el mes Medio Ambiente (el 5 se celebra su día mundial) y República Dominicana se enfrenta a una pregunta ineludible: ¿Estamos preparados para enfrentar la crisis ambiental que se cierne sobre al país, principalmente amenazado por los efectos del cambio climático, en medio de problemas ambientales estructurales que limitan la capacidad de adaptación?
La respuesta es incómoda pero clara y llama a una acción urgente. Un país insular expuesto y vulnerable a huracanes, sequías y aumento del nivel del mar. Y el deterioro de ríos, playas, bosques y sin sistemas urbanos de saneamiento está en una posición frágil.
Esto no es solo ecología: es el agua potable, es la salud colectiva, la seguridad alimentaria, impactos al turismo y gobernabilidad.
La situación de los ríos en República Dominicana es dramática. El propio director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe (Fellito) Suberví, dijo recientemente que “más de 700 ríos han desaparecido en los últimos años”.
Lo grave es que el problema principal no es la contaminación.
La extracción ilegal de materiales para la construcción, motor económico del país, ha convertido a ríos como Nizao, Nigua, Haina, o Yásica, en cauces secos o fragmentados, destruye hábitats y compromete el suministro de agua para comunidades enteras y para el riego de vastos sembradíos.
Así lo demuestra el informe Environmental Analysis for the Dominican Republic, (2022) del Banco Mundial que advierte. «Muchos ríos muestran signos de alteración severa por extracción de materiales, vertido de aguas residuales y deforestación en cuencas altas”, y señala los casos del Ozama, Isabela, Yaque del Norte y Nizao.
El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), detalló en un reporte que entre 2022 y 2023 se confiscaron un promedio de 3 metros cúbicos de arena por hora, extraídos ilegalmente de los ríos y playas. El río Ozama se ha convertido en una cloaca a cielo abierto que recibe toneladas de desechos sólidos y aguas residuales sin tratar, pese a los planes e iniciativas de recuperación acumulados durante años.
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) ha revelado altos niveles de material particulado (PM2.5 y PM10) en varios puntos del Distrito Nacional, asociados al tráfico vehicular, quema de basura y actividad industrial, lo que se agrava cuando, como ahora, el polvo del Sahara llega a nuestra atmósfera, y peor aún con incendios en los vertederos.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la contaminación del aire urbano está directamente relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
En RD la amenaza se agrava por la falta de estaciones automáticas de monitoreo para estudiar el fenómeno en tiempo real y dar respuesta oportuna.
Además, el parque vehicular crece cada día ante el precario e inhumano sistema de los “carros de concho” y las “voladoras” como supuesto sistema de transporte público, que sólo cuenta con paliativos como el Metro, Teleféricos y OMSA.
La promoción turística vende playas vírgenes y de ensueño, pero 70% de las playas presentan erosión. En Punta Cana, Boca Chica y Cabarete se pierde territorio de arena, en parte, como consecuencia del blanqueo de corales, consecuencia del calentamiento del mar y la contaminación por desechos orgánicos. También se reportan pérdidas de corales en La Caleta, Montecristi y Bayahíbe.
Además, la enfermedad de pérdida de tejido del coral pétreo (SCTLD), que en República Dominicana se identificó por primera vez en 2019, ya se propagó en Las Terrenas, Las Galeras y Samaná, afectando a más de 20 especies de corales.
Aunque las cifras oficiales reportan una cobertura forestal cercana al 42% del territorio, los bosques primarios continúan disminuyendo. En la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo y la Cordillera Septentrional ha habido desmontes ilegales, agricultura intensiva y ocupaciones en áreas protegidas, el Plan de Manejo Forestal Nacional sigue sin implementarse plenamente y los parques nacionales no tienen vigilancia adecuada. Recordemos que la deforestación tiene efectos múltiples: se erosionan los suelos, se pierde agua de lluvia, se desprotegen las fuentes de agua dulce, se pierde la absorción de CO2, y perdemos protección ante deslizamientos de tierra.
Cada día se generan más de 14,000 toneladas de residuos sólidos en RD, la mayoría sin separación en la fuente. Más de 350 vertederos a cielo abierto operan sin control ambiental, como el tristemente célebre Duquesa. La Ley 225-20 sobre Gestión de Residuos Sólidos, aprobada en 2020, plantea una solución integral, pero su implementación avanza con lentitud y el proyecto de reforma que aprobó el Senado es objeto de cuestionamientos
Según el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, República Dominicana es uno de los diez países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Y pese a que nadie duda de esta realidad, las prioridades presupuestarias y la planificación territorial aún no son suficientes para enfrentar la amenaza, que requiere mantener la visión holística y coordinada de la acción climática.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) identifica múltiples amenazas: aumento del nivel del mar, sequías más frecuentes, tormentas más intensas, pérdida de biodiversidad y estrés hídrico.
También la Contribución Nacionalmente Determinada prioriza más de treinta acciones para adaptarnos al cambio climático. Pero persiste la falta de recursos en los países en desarrollo, dependientes del prometido apoyo internacional para financiar proyectos de adaptación a esta realidad.
Inversión en infraestructuras como plantas de tratamiento, sistemas de alerta temprana o zonas de amortiguamiento natural, son algunas de las áreas en las que estamos avanzando pero debemos acelerar el paso, pues la situación actual deja expuestas a comunidades costeras y rurales que ya están siendo afectadas.
Y ese impacto no es poca cosa, según el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), la República Dominicana pierde cerca del 0.9% del PIB anualmente debido a los efectos del cambio climático, un huracán de categoría 4 dejaría pérdidas de hasta 10% del PIB y uno de categoría 5 destruiría el 15% del PIB.
Los sectores más afectados suelen ser la infraestructura de transporte y las viviendas, pero el huracán Fiona, por ejemplo, golpeó duramente a los productores agropecuarios.
La crisis ambiental de República Dominicana no es solo el resultado de fenómenos naturales ni de la ubicación geográfica, el principal problema es el modelo de desarrollo poco planificado, con crecimiento urbano desordenado, turismo de bajo costo y alto impacto ambiental, agricultura extensiva y extracción de recursos naturales sin límites. Pero hay margen para la esperanza. Organizaciones comunitarias, universidades, medios de comunicación, y miles de activistas están exigiendo un nuevo rumbo.
Proyectos de restauración de manglares en Samaná, iniciativas de reforestación en las cuencas del Yaque del Norte y de restauración integral de la cuenca del Yuna, y programas de educación ambiental en las escuelas, muestran que es posible construir otra relación con la naturaleza.
También hay oportunidades de acceder a financiamiento. Fondos como el Climate Investment Funds, el Fondo Verde del Clima y el Fondo Verde para el Medio Ambiente pueden jugar un rol clave si son gestionados con transparencia, amplitud que abra oportunidades de participación a todos los sectores, y un enfoque social.
RD está a tiempo de evitar una crisis ambiental irreversible, pero urge una acción política real y una revisión del modelo de desarrollo para que sea sostenible y equilibre la actividad económica para asegurar el sustento y la generación de riquezas; con la protección de los recursos naturales.
