Obtenga claridad sobre los riesgos geopolíticos y los desafíos del cambio climático que impactan su sector o institución.
Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad.
Mientras el mundo observa cómo Pekín se convierte en el nuevo centro de gravedad geopolítico global, la Unión Europea protagoniza un espectáculo que alarma tanto a sus propios ciudadanos como a la comunidad latinoamericana y caribeña: 22 de sus veintisiete miembros se han alineado contra España por la crisis migratoria desatada en Ceuta.
Lo que parecen ignorar los líderes políticos de esas 22 naciones es que más allá de la crisis de Ceuta y sus implicaciones sociales y económicas, los mayores peligros no vienen de la costa sur del Mediterráneo sino de las dificultades de la UE para actuar como el bloque que son.
Primero, recordemos que, a finales de julio pasado, en el enclave territorial español de Ceuta (ubicado en suelo del continente africano) ocurrió una crisis migratoria que es una amenaza a la seguridad europea.
En menos de 48 horas, unas 60.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia una ciudad de poco más de 83.000 habitantes, colapsando los centros de asilo y dejando al menos 19 personas muertas mientras intentaban cruzar nadando.
Las imágenes que vio el mundo aquel día fueron preocupantes y más que estupor y miedo causaron o agravaron la fractura política del proyecto de integración más grande de la historia de la humanidad que tardó setenta años en construirse y que hoy sus propios miembros parecen dispuestos a demoler en pocas horas.
Tras lo ocurrido en Ceuta, Italia y Dinamarca encabezaron una carta firmada por los líderes de Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Alemania, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumania, Eslovaquia, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovenia y Suecia, pidiendo a la Unión Europea una respuesta inmediata y coordinada.
La administración de Giorgia Meloni llegó a pedir la suspensión de España del espacio Schengen (petición que fue respaldada por Dinamarca y Finlandia), y aunque esa medida no fue adoptada colectivamente, Italia reimplantó controles fronterizos temporales con España, un mecanismo contemplado en el Reglamento de Schengen pero que marca un precedente preocupante.
La respuesta del gobierno español fue denunciar la reacción «egoísta, polarizadora e ilegal» de los socios europeos.
Lo paradójico es que las estadísticas no dan la razón a los movimientos antiinmigrantes del Viejo Continente, pues según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea (FRONTEX), las llegadas irregulares de migrantes al conjunto de la UE habían descendido un 37% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, y acumulaban una caída de más del 50% respecto a los niveles de 2023.
Es decir que no estamos ante una crisis migratoria sistémica sino ante una crisis política instrumentalizada por líderes políticos que parecieran tener una agenda propia.
Dinamarca es el caso más perturbador. En enero de 2026, España firmó junto a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y la propia Copenhague una declaración conjunta en defensa de la soberanía danesa sobre Groenlandia ante las amenazas expansionistas de Estados Unidos sobre ese territorio.
Madrid defendió a Copenhague cuando Washington amenazaba su territorio, pero sólo unas semanas después, Dinamarca encabeza el bloque que pide expulsar a España del espacio de libre circulación europeo. En las relaciones interpersonales eso podría percibirse como ingratitud, pero en el contexto europeo actual, es una señal de alarma sobre la solidez real del proyecto común europeo.
En el debate europeo sobre lo ocurrido en Ceuta, Marruecos es el protagonista ausente. El gobierno de Rabat tiene un historial documentado de usar la migración como instrumento de presión diplomática.
Lo hizo en 2021, cuando la llegada de 8.000 personas a Ceuta coincidió con tensiones bilaterales por la cuestión del Sáhara Occidental. Analistas españoles y de distintas latitudes afirman que eso es lo que está haciendo ahora, esta vez para presionar a España por la firma de sus acuerdos gasíferos con Argelia.
Y no es descabellado pensarlo, si consideramos que España acordó con Argelia (vecino de Marruecos) un incremento de hasta el 15% en el suministro de gas adicionales por el gasoducto Medgaz y vía marítima, según datos de Enagás, lo que consolida a Argelia como principal proveedor gasístico español y reduce el rol de Marruecos como país de tránsito, generando tensiones bilaterales que analistas relacionan con la presión migratoria ejercida desde Rabat sobre Ceuta.
Pero además, perjudica los intereses marroquíes, cuyo gobierno percibía entre 50 y 200 millones de euros anuales en derechos de paso por el tránsito del gas argelino a través de su territorio según datos de CESCE, además de 800 millones de metros cúbicos de gas a precio estable que alimentaban dos centrales eléctricas gestionadas por las españolas Endesa y Abengoa.
Entonces, ¿por qué 27 países europeos dirigieron su artillería política hacia Madrid en lugar de coordinar una respuesta colectiva hacia Rabat? La respuesta es simple: Europa negocia con Marruecos en veintisiete ventanillas distintas pues cada Estado de la UE tiene relaciones y negocios distintos con Rabat.
España mantiene una relación estratégica con Marruecos basada en energía; seguridad fronteriza; y comercio de vehículos, maquinarias, y productos agroalimentarios, o textiles; entre otros. Francia es uno de los principales inversores extranjeros en Rabat, tienen una vasta relación histórica y cultural que incluye desarrollo industrial y en sectores como la banca, los seguros, las telecomunicaciones e infraestructura.
Para Alemania, Marruecos es un socio con enorme potencial al que le vende automóviles y partes, maquinaria e ingeniería, formación para sus profesionales entre otros rubros. Y así podríamos enumerar países que ven en Rabat a un cliente o un socio de valor presente y futuro del que no se puede hablar mal.
A esto, sumemos el rol de Marruecos como aliado militar y de inteligencia de EE.UU. e Israel: Washington reconoce a Rabat como Aliado Principal no OTAN, al que le vende armas, aviones F-16, helicópteros Apache, bombas, municiones y misiles, así como entrenamiento militar, cooperación antiterrorista y con el que mantiene vínculos militares sólidos que incluyen ejercicios militares conjuntos. Todo esto a cambio de miles de millones de dólares y acceso militar al Norte de África.
Mientras que Marruecos coopera en materia de inteligencia con Israel, que además le vende drones, misiles antiaéreos y software de uso militar, entre otros.
Es decir, Marruecos es un aliado militar estratégico de EE.UU. e Israel.
Europa enfrenta simultáneamente tres conflictos armados que le exigen respuestas colectivas y que revelan los límites de su cohesión.
En Ucrania, el bloque sido capaz de mantener una coordinación mayor de lo que muchos esperaban: sanciones Rusia, apoyo militar y financiero a Kiev, y un proceso de adhesión que ha avanzado pese a todas las presiones. Pero esa cohesión tiene fisuras (Hungría y Eslovaquia, por ejemplo) y la fatiga de la guerra empieza a erosionar el apoyo público en varios países.
En cuanto a Gaza, la posición europea es fragmentada y muy costosa en términos de credibilidad internacional. Ya que mientras países como España e Irlanda reconocen al Estado palestino, exigen el cese inmediato de las hostilidades, y abogan por más presión internacional para que Tel Aviv detenga sus ataques, otros mantienen vínculos estratégicos con Israel que les impiden adoptar posiciones claras.
El resultado es una Unión Europea que habla de derecho internacional, por un lado, pero lo negocia por otro, perdiendo la autoridad moral que tantas décadas ha estado construyendo precisamente cuando más la necesita.
En el conflicto entre EE.UU. e Israel contra Irán, Europa ha quedado reducida a un papel secundario. No tiene capacidad militar para intervenir, no tiene peso diplomático para mediar, su dependencia energética de la región la hace vulnerable a cualquier escalada y la ubicación geográfica del conflicto también le amenaza.
El cierre del estrecho de Ormuz sacudió sus mercados antes de que ningún gobierno europeo pudiera articular respuesta alguna y tanto Washington como Tel Aviv siguen ignorando sus llamados a la paz.
La crisis de Ceuta es mucho más que una disputa migratoria y desnuda a una Europa que se está peleando internamente en el peor momento geopolítico posible.
La administración Trump ha dejado claro que prefiere negociar con naciones desunidas que con bloques regionales o comerciales.
Los aranceles comerciales a la UE, las presiones para que cada país de la OTAN negocie bilateralmente su contribución en defensa, los intentos de adquirir Groenlandia: todo apunta a una estrategia deliberada de atomización, agravada por su política de debilitamiento de la ONU.
En este contexto, una Europa fracturada no puede coordinar su respuesta arancelaria, no puede hablar con una sola voz en la OTAN, y termina compitiendo internamente por los favores de Washington en lugar de negociar como bloque, máxime cuando países como Italia gobiernan fuerzas nacionalistas o de derecha nativista, es decir, que prioriza de manera absoluta los intereses de los ciudadanos autóctonos frente a los de los inmigrantes y extranjeros, reduciéndolos a ciudadanos de segunda o tercera categoría.
Pero permitir que la unidad de Europa sea afectada por la agenda de corrientes políticas de este tipo podría llevar a una fragmentación irreversible del bloque, haciendo más débiles a naciones que sólo han logrado ser fuertes cuando han trabajado unidas.
El politólogo Karl Deutsch advirtió que la integración política duradera requiere no solo instituciones comunes sino lealtades transnacionales, y Robert Keohane demostró que la interdependencia no elimina el conflicto sino que lo transforma. Lo que la crisis de Ceuta revela es que esas lealtades son frágiles cuando aparece la presión ya que los países se repliegan y priorizan el interés nacional antes que el europeo.
Y hacer esto en el contexto de las presiones de EE.UU., mientras China avanza con coherencia estratégica de largo plazo para consolidarse como hegemón económico y tecnológico global, y con Rusia desafiando la decisión de incorporar a Ucrania al bloque europeo, reducirá sin remedio el rol internacional de la UE.
Porque el comercio entre la UE y China superó los 759.000 millones de euros en 2025 según Eurostat, con un déficit europeo de casi 360.000 millones para una Europa que negocia desde una posición de debilidad, y si continúan las disputas internas por Ceuta, el bloque no podrá coordinar su política industrial frente a Pekín, ni responder a los subsidios chinos que inundan sus mercados, ni hablar con una sola voz en los foros multilaterales donde se define el orden económico del siglo XXI.
El diagnóstico es severo, pero no irreversible.
La teoría neofuncionalista de Ernst Haas predijo que la integración avanzaría por acumulación de cooperación técnica. Lo que Ceuta demuestra es que esa acumulación tiene un límite cuando se topa con la política migratoria, donde los intereses nacionales son demasiado divergentes para el mecanismo supranacional.
La respuesta no puede ser más retórica institucional, y menos aún la reivindicación étnico nacionalista que invisibilice la necesaria autonomía económica y de seguridad.
Europa necesita primero una política migratoria genuinamente comunitaria, con mecanismos de distribución de responsabilidades que sean vinculantes y no voluntarios, financiamiento europeo para los países de frontera exterior, y una relación con los países de origen y tránsito que sea coherente y no fragmentada en veintisiete agendas bilaterales distintas.
También necesita decidir qué tipo de actor global quiere ser. Úrsula Von der Leyen ha reclamado solidaridad con España y señaló que la UE dispone de mecanismos sólidos para proteger tanto la seguridad como la soberanía de sus fronteras, pero esos mecanismos solo funcionan si los Estados miembros los activan colectivamente en lugar de usarlos como arma política contra sus propios socios.
Los gobiernos de Europa necesitan entender que la debilidad del bloque tiene costos directos y que cada vez que la UE se fractura, sus socios-competidores sonríen y toman nota, mientras los ciudadanos europeos pierden un poco más de confianza en el proyecto que les garantizó setenta años de paz y prosperidad.
El Brexit fue la primera consecuencia visible de una Europa que no supo convencer a todos sus miembros de que la unión vale más que la suma de las partes, porque si bien Ceuta no es el Brexit, si comparte su lógica: la tentación de priorizar el interés nacional sobre el colectivo.
Pero mientras el Reino Unido creyó que saldría fortalecido de la Unión Europea, hoy enfrenta consecuencias económicas que sus propios ciudadanos no anticiparon y su histórica “relación especial” con Washington tampoco resultó ser el salvavidas prometido.
Si los gobiernos del Viejo Continente no aprenden esa lección, Ceuta puede ser el inicio del fin.
EE.UU. en la encrucijada: violencia, polarización y declive
La Estrategia de China frente a los aranceles de Estados Unidos
