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Durante décadas, el cambio climático ha sido presentado como un problema ambiental, un asunto relacionado con la conservación de bosques, la contaminación de los ríos, o la protección de especies amenazadas.
Pero tal como demuestra el reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe sobre Democracia y Desarrollo 2026: Democracias Bajo Presión, presentado hace pocos días desde República Dominicana, esa visión es, como mínimo, insuficiente.
La crisis climática se ha convertido en un desafío económico, social, sanitario y geopolítico para todo el planeta, lo que nos lleva a una dimensión de la que todavía se habla poco: su capacidad para erosionar la gobernabilidad democrática.
La advertencia ya no proviene únicamente de organizaciones ambientalistas, pues el PNUD identifica los desequilibrios planetarios como la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental como una de las principales presiones emergentes sobre las democracias de América Latina y el Caribe.
Y la razón es sencilla de entender pues todos sabemos que las democracias funcionan mejor cuando las sociedades disponen de estabilidad suficiente para debatir, planificar y construir consensos sobre el futuro. Sin embargo, el cambio climático introduce exactamente lo contrario: incertidumbre, competencia por recursos que escasean, desplazamientos poblacionales forzados, deterioro económico y tensiones sociales.
Cuando una comunidad pierde acceso al agua, cuando una región agrícola deja de producir alimentos o cuando miles de familias son desplazadas por inundaciones y huracanes, la presión sobre las instituciones aumenta de forma dramática.
La crisis climática deja de ser entonces un asunto ambiental para convertirse en un problema económico, social, político y por ende, de gobernabilidad.
Según el PNUD, cerca de la mitad de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas con algún grado de estrés hídrico y más de 130 millones de personas carecen de acceso sostenible al agua potable.
Un problema como ese no se atiende solo con infraestructura, ya que el acceso al agua afecta directamente la seguridad alimentaria, la salud pública, la productividad económica y la estabilidad social, porque la escasez de recursos naturales vitales genera y acelera los conflictos, debilita la confianza institucional y multiplica las demandas sobre el Estado.
Más aun el agua, que no sólo es fundamental para la producción agrícola y el procesamiento de alimentos, sino para todo el sector industrial, especialmente en la generación de energía, en la producción de textiles, en la minería, entre muchos otros sectores
Además, las encuestas y estudios realizados tanto en República Dominicana como en la región muestran una creciente percepción ciudadana de vulnerabilidad climática.
Una encuesta regional citada por el PNUD en ese Informe encontró que el 69 % de los latinoamericanos y caribeños se sienten más preocupados por el cambio climático que el año anterior, mientras que más del 80 % considera que sus gobiernos deberían hacer mucho más para proteger a las poblaciones vulnerables y fortalecer las acciones climáticas.
En otras palabras, la ciudadanía está comenzando a percibir que la estabilidad democrática también depende de la capacidad de los gobiernos para gestionar los riesgos climáticos.
Como pequeño Estado insular en desarrollo ubicado en el centro del Caribe, nos encontramos entre los más expuestos a huracanes, inundaciones costeras, aumento del nivel del mar y períodos de sequía prolongada.
A diferencia de las grandes potencias continentales, la geografía dominicana ofrece un margen limitado para absorber impactos de gran escala.
Por ello, cada evento extremo representa una prueba para las instituciones públicas, los sistemas de protección social, la infraestructura crítica y la capacidad financiera del Estado.
Y no me refiero sólo a amenazas físicas y palpables, los fenómenos climáticos extremos pueden agravar desigualdades preexistentes, pues afectan con mayor intensidad a las poblaciones más vulnerables y generan tensiones sobre servicios básicos como el suministro de agua, los sistemas de salud, la generación y distribución de energía y el acceso a la alimentación.
Y cada año, el país puede sufrir y ha sufrido varios episodios climáticos extremos que impactan estos sistemas deteriorando con ellos la necesaria confianza ciudadana que sostiene la gobernabilidad democrática.
Porque una democracia sin confianza es más frágil, menos estable y más manipulable.
Portada del Informe sobre Democracia y Desarrollo | Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en America Latina y el Caribe 2026
Aunque República Dominicana ha demostrado una notable resiliencia democrática y el propio informe del PNUD reconoce que la región del Caribe mantiene altos niveles de estabilidad institucional y constituye uno de los bastiones democráticos del mundo en desarrollo, advierte que la combinación de endeudamiento, vulnerabilidad económica y exposición recurrente a desastres climáticos genera presiones permanentes sobre las capacidades estatales.
Por ello, cada huracán, cada sequía y cada inundación se convierte en una prueba de estrés para una democracia que arrastra múltiples desafíos y debilidades históricas, lo que nos obliga a que la adaptación al cambio climático sea entendida, también, como una política de fortalecimiento democrático.
Invertir en sistemas de alerta temprana, gestión hídrica, resiliencia urbana, agricultura adaptada al clima y protección de ecosistemas es más que una estrategia ambiental, se trata de preservar la estabilidad institucional y la cohesión social que hacen que los Estados Nación sean mucho más que un territorio poblado por personas con idiomas y culturas comunes.
Porque ya no existe la duda razonable sobre si el cambio climático ocurrirá, para todos es evidente que está ocurriendo y debemos ser capaces de adaptarnos con la misma velocidad con la que cambian las condiciones del planeta.
Ya que en las próximas décadas del siglo XXI la defensa de la democracia estará ligada ineludiblemente a la capacidad de nuestras sociedades para gestionar una crisis climática que amenaza simultáneamente la economía, la seguridad, el bienestar y la confianza ciudadana. Nuestro consenso social debe apuntar, entonces, a reducir la vulnerabilidad y, al mismo tiempo, asegurar la resiliencia ante los impactos climáticos.
