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En los dos artículos anteriores sobre el bucle destructivo de Venezuela describí un país atrapado en un ciclo de cuarenta años en el que cada intento de estabilización económica ha sido interrumpido por un nuevo cataclismo, y un Estado que, desde el punto de vista de la institucionalidad, llegó a los sismos del 24 de junio con los cimientos pulverizados por décadas de vaciado institucional.
Ahora nos toca hacernos la pregunta que ambos artículos dejaron pendiente: ¿Existe una salida?, y ¿Qué haría falta para tomarla?
La respuesta corta es que la salida sí existe y está abierta ahora mismo, pero su ventana temporal tiene fecha de cierre.
La respuesta larga exige mirar simultáneamente tres cosas que ocurrieron en los últimos treinta días: los discursos ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la firma de un acuerdo petrolero en Caracas y una mujer que denuncia que no ha podido volver a su país.
Por primera vez en una década, Venezuela está en posición favorable para aprovechar las tres condiciones materiales que el desarrollo exige y que el bucle de los últimos 40 años siempre le negó.
La primera es el precio del crudo. El Brent ronda los cien dólares, empujado por la guerra del Golfo, el cierre del Estrecho de Ormuz, la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Yemen. El precio es muy superior a los setenta dólares por barril que existía antes del conflicto.
La segunda es el acceso: Washington restableció relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo y reconoció al gobierno de Delcy Rodríguez el 7 de ese mes. El régimen de sanciones, sin embargo, permanece formalmente vigente y las órdenes ejecutivas 13850 y 13884 continúan en pie. Lo que se abrió fue una vía de autorizaciones específicas mediante licencias generales de la OFAC, emitidas entre enero y septiembre, que habilitan la comercialización, el suministro de servicios y, desde el 14 de septiembre, la formación de nuevas empresas conjuntas de inversión.
La tercera es el capital anunciado: el acuerdo petrolero binacional con Estados Unidos prevé una inversión superior a los cien mil millones de dólares, capital necesario para aumentar la producción petrolera venezolana para su exportación.
Precio, acceso y capital rara vez coinciden. Cuando coincidieron entre 2004 y 2008, Venezuela vivió la mayor entrada de renta de su historia y ello permitió mejorar muchos aspectos de la vida nacional, aunque luego ocurriera lo que ya sabemos, cayeron los precios por la crisis financiera de 2008, el Estado venezolano no activó fondos de estabilización, optó por el endeudamiento y todo se vino abajo. La factura venció entre 2013 y 2020, con la pérdida de más de tres cuartas partes del tamaño de la economía, agravado todo aquello por las sanciones estadounidenses.
El acuerdo firmado el 28 de agosto y formalizado el 2 de septiembre coloca bajo control estadounidense diecisiete campos petroleros con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles, repartidos entre la Faja Petrolífera del Orinoco y el lago de Maracaibo.
El plazo de explotación declarado por el gobierno venezolano es de veinticinco años. La meta declarada supera el millón y medio de barriles diarios, frente a la producción total de Venezuela que en la actualidad apenas supera el millón de barriles al día. Trump lo anunció en Truth Social como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, y subrayó que no costará un centavo al contribuyente estadounidense.
De hecho, la Casa Blanca informa que se trata de un acuerdo a 100 años y no a 25, en otro artículo, trabajaré este tema para analizar esta contradicción.
Pero ahora corresponde valorar el impacto económico de este acuerdo, que en los próximos años duplicaría la producción petrolera actual de Venezuela, y aunque no parece probable que el precio internacional del crudo se mantenga a los niveles actuales (100 dólares por barril), porque sabemos que estos precios se deben al cierre del estrecho de Ormuz como efecto de la guerra en Irán, aun así el acuerdo debería tener efectos económicos positivos para el país.
Porque duplicar la renta petrolera y recibir inversiones en el sector petrolero, sin duda, motorizaría la economía e impulsaría nuevas inversiones en todos los sectores económicos asociados a la industria: la banca y el sector financiero; la generación de energía a nivel industrial; la producción de hierro, aluminio y su procesamiento; el comercio y los servicios; logística portuaria y marítima; etc. Además, generaría decenas de miles de empleos con buenas remuneraciones.
Sin duda, se trataría de una oportunidad para la recuperación de Venezuela y la normalización de su macro y microeconomía, especialmente esa economía del ciudadano de a pie.
Este 23 de septiembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Delcy Rodríguez anunció una transición ordenada, institucional y verificable, agradeció a Donald Trump la disposición a retomar las relaciones diplomáticas, y afirmó que en Venezuela habrá elecciones.
Añadió una idea que merece atención: la democracia se mide por la calidad de la competencia que precede a los comicios, y una elección debe ser una solución antes que un generador de conflictos irreconciliables, pero no mencionó fecha estimada para algún proceso electoral.
Para esas negociaciones ya está instalada una mesa de negociación desde el 1 de agosto. La delegación la encabeza Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada. La representación opositora corresponde a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional que fue electa en 2015 y cuyo mandato terminó formalmente el 5 de enero de 2021, de acuerdo con el artículo 192 de la Constitución.
Y ese grupo político, mayormente radicado en España y EE.UU., sigue siendo reconocido por el Departamento de Estado de los Estados Unidoscomo un interlocutor institucional clave y legítimo de Venezuela.
En el diálogo participan representantes, principalmente, de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. En la Asamblea Nacional en ejercicio en Caracas hay representación de 9 partidos opositores como Acción Democrática, Copei, Un Nuevo Tiempo, entre otros.
Como se habrá notado, falta un actor que en los últimos años ha tenido relevancia política y mediática: María Corina Machado y su partido Vente Venezuela.
No están en la mesa. No vamos a repasar aquí su trayectoria política reciente porque es conocida por todos, su Premio Nobel de la Paz entregado a un Donald Trump que luego la ha excluido de todo este proceso político manda un mensaje que habrá que analizar en profundidad. Ella está en Panamá desde diciembre, y su asesor Pedro Urruchurtu dice que en siete ocasiones intentó volver a Venezuela sin poder lograrlo.
Su exclusión tiene explicaciones y componentes que conviene separar.
De un lado, María Corina anunció que no participaría en el diálogo pero que tampoco lo obstaculizaría, aunque sostuvo que, a ella, personalmente, le correspondía liderar cualquier negociación con el gobierno, quienes conocemos el proceso político venezolano de las últimas 3 décadas, reconocemos esa actitud de lejos.
Su regreso físico a Venezuela está impedido y una parte de la oposición, una vez más, se distanció de su estrategia, al punto de que Un Nuevo Tiempo se separó de la Plataforma Unitaria por esa diferencia.
Es decir, que tanto Donald Trump como Delcy Rodríguez coinciden en postergar los comicios y en negociar sin la dirigente política que en los últimos años logró aglutinar el respaldo electoral y concitar la atención mediática interna y externa suficiente para debilitar a Nicolás Maduro hasta el punto que ya conocemos.
Aunque, hay que comprender que MCM siempre ha sido vista como la más radical de la dirigencia opositora, por eso fue necesario un vaciamiento del liderazgo político opositor para que fuese ella quien heredara el liderazgo de la oposición. Y es probable que sea, precisamente por sus posturas radicales, que tanto EE.UU. como el gobierno venezolano decidieran excluirla.
Ese es el dato político central del momento venezolano, y encaja con lo que describí en la segunda entrega de esta serie: el traslado del centro de gravedad decisional hacia fuera del país. La validación externa que la oposición buscó durante décadas es, ahora, la que determina cuál oposición es la que se sienta a la mesa, y quien queda fuera del juego.
En octubre de 1958, tras la caída de Marcos Pérez Jiménez, Acción Democrática, COPEI y URD firmaron el histórico Pacto de Punto Fijo, un acuerdo político para asegurar la gobernabilidad y la estabilidad del país, pero del que excluyeron al Partido Comunista de Venezuela, que había participado activamente y con grandes sacrificios humanos, en el derrocamiento de la dictadura.
Aquel pacto funcionó. Dio a Venezuela cuatro décadas de estabilidad institucional y la convirtió en referencia democrática continental. También produjo la insurgencia armada de los años sesenta y dejó una deuda de legitimidad que el sistema nunca saldó.
El problema es que esa cuenta pendiente finalmente cobró factura el 27 de febrero de 1989, cuando estalló el sangriento y trágico Caracazo, el punto exacto en el que arranca esta serie de artículos sobre Venezuela y su bucle.
El bucle venezolano comienza donde termina el pacto anterior. Esa es la lección que los arreglos que se hagan en 2026 no deberían ignorar, porque podríamos lograr estabilidad política y unidad nacional para las próximas décadas, incluso con prosperidad si aprovechamos mejor la riqueza petrolera, pero no le pongamos fecha de caducidad a eso.
Y ¡ojo!, sabemos que parte del liderazgo de María Corina Machado se debió a la decapitación sistemática del liderazgo opositor que le precedió, sumado al sentimiento oposicionista que siempre apoyó a cualquiera que fuese contra Chávez primero (hasta Francisco Arias Cárdenas, su antiguo aliado), y contra Maduro después, pero no necesitamos jugar con fuego.
Es probable que la relevancia política de Machado se diluya con el tiempo, y pase al recuerdo como Antonio Ledezma, Julio Borges o Juan Guaidó. Puede ser, pero de momento, es necesario tener pendientes los precedentes.
Venezuela sí está ante una oportunidad importante para dejar atrás las divisiones sociales nacidas de las contradicciones internas y alentadas por las fuerzas extranjeras interesadas en sacar partido de sus recursos naturales, aprovecharla dependerá, desde mi óptica, de cinco condiciones.
Reglas de largo plazo: Las reglas del juego venezolano han venido cambiando de forma traumática cada cuatro o cinco años, por razones políticas, eventos naturales o presiones externas. Romper el bucle exige marcos con anclaje superior al gobierno de turno, con un calendario público y verificación interna y externa. Delcy usó la palabra verificable en Nueva York, no puede ser casualidad, es lo primero que debe darse.
Esterilización de la renta: Un fondo de estabilización con reglas vinculantes que impida repetir 2008. Sin ese mecanismo, los cien mil millones anunciados serán otra ventana convertida en deuda. Además, una administración pública mucho más transparente y eficiente.
La memoria técnica: La migración venezolana ha llevado a miles, seguramente millones, de profesionales y técnicos de todos los niveles a tierras lejanas en las que muchos, no cuentan con la estabilidad legal y económica que les impida anhelar el retorno a la patria. Las capacidades existen, están fuera del país y su regreso es diseñable como política pública. Es la condición más barata y la de resultados más rápidos para profesionalizar los sectores productivos.
La diáspora: El registro electoral debe ser reabierto para los votantes en el exterior, sin ello el proceso pierde credibilidad.
El caso Machado: Su regreso, el levantamiento de inhabilitaciones y la recuperación de tarjetas y símbolos partidarios figuran entre las exigencias que la propia oposición formuló esta semana. La forma en que todas las partes gestionen su situación, y la de Maduro ante su eventual regreso futuro, podría ser una base creíble para la sana convivencia de todas las fuerzas políticas.
Cerré la primera entrega diciendo que la economía venezolana estuvo condenada por 40 años, y un poco más, a vivir el mito de Sísifo, empujando la piedra del progreso hasta la cima solo para verla caer una y otra vez.
El mito tiene salida: la meseta. Venezuela necesita construir y consolidar instituciones capaces de acumular lo que este esfuerzo pueda producir. Por primera vez en más de una década, el país tiene los recursos para construirlas.
Cuando Ormuz se reabra, el precio del petróleo bajará y, probablemente, ese sea el momento en que la producción de crudo venezolano se estabilice en sus niveles óptimos, la economía venezolana debe reconstruirse con ese dato como parámetro central y desarrollar las fuerzas económicas en otros sectores para abandonar, por fin, el modelo económico rentista.
La ventana está abierta, la pregunta es si los hijos de Bolívar serán, seremos, capaces de abandonar la guerra política y construir la nación que todos soñamos, o si dentro de 5 años tendré que escribir una cuarta entrega de esta serie. La oportunidad es calva, tomémosla de frente y por el mechón delantero.
