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El 13 de octubre, Nayib Bukele anunció un plan de salida anticipada para presos acusados o condenados por colaborar con las pandillas; precisó que se revisarán más de 10,000 casos y que cerca de la mitad podría beneficiarse.
Días después, cuatro técnicos de aviación salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas fueron secuestrados en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe. Y el día 21, Bukele anunció una operación de rescate y advirtió a las pandillas haitianas que el ataque “no es nada comparado con lo que está por venir”.
Podemos resumir que, en ocho días, el presidente que construyó su marca sobre la mano dura la aflojó en casa y la exhibió en Haití. La secuencia revela que, más allá del deber que tiene todo Estado de procurar el rescate de sus militares, este enfrentamiento le llega en un momento muy conveniente para él.
Desde marzo de 2022, el régimen de excepción que ha impuesto Bukele en El Salvador ha llevado a prisión a más de 93,000 personas. Las pandillas quedaron prácticamente desarticuladas y los homicidios cayeron a mínimos históricos.
Ese éxito ha disparado la imagen internacional y el respaldo electoral del presidente salvadoreño, pero trajo un problema político: el régimen de excepción necesita una amenaza que lo justifique, y la amenaza interna ya fue prácticamente derrotada, según el propio gobierno.
Resuelta la seguridad, la agenda de los salvadoreños se desplazó hacia la economía, que no ha mejorado al ritmo que espera el ciudadano de a pie.
Según la encuesta de evaluación de gobierno del IUDOP-UCA de mayo pasado, 71 de cada 100 ciudadanos señalan los problemas económicos como los principales problemas del país.
A pesar de eso, Bukele conserva una aprobación de 87.8 % y se encamina a un tercer mandato en las elecciones de febrero de 2027, habilitado por la reforma constitucional que permitió la reelección indefinida.
Es en ese contexto en el que encaja la posible salida anticipada de unos 5,000 detenidos, porque detrás de esos presos hay decenas de miles de familias, y según datos de la Fiscalía citados por AFP, cerca del 90 % de los arrestados en el régimen de excepción no tiene condena firme.
Además, organizaciones de Derechos Humanos advierten que, buscando una pronta salida de prisión, personas inocentes podrían declararse culpables. Eso debilitaría futuras denuncias ante organismos internacionales por detenciones arbitrarias, en un sistema donde, según estimaciones de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cerca de un tercio de los detenidos podría ser inocente.
Pero el anuncio, leído sin contexto como una liberación de pandilleros, podría exponer a Bukele a la acusación de blandura.
En ese escenario, lo sucedido en Haití cubre ese flanco.
El secuestro de los salvadoreños fue un hecho ajeno a la voluntad de Bukele, pero su efecto político lo favorece y su puesta en escena muestra que sabe aprovecharlo.
En Haití, donde Al Jazeera reporta que las pandillas controlan cerca del 70 % de la capital y la ONU registró más de 230 secuestros entre enero y mediados de septiembre, el secuestro funciona bajo los principios de la economía: un rehén vivo es moneda de cambio; matarlo solo atraería represalias de la fuerza multinacional y sus más de 2,000 efectivos.
Las pandillas tienen razones para negociar, y el gobierno salvadoreño parece haberlo entendido, porque según The Wall Street Journal, San Salvador busca negociar la liberación antes de ordenar una respuesta militar más dura.
Este 24 de octubre, The New York Times, citado por Reuters, reportó la entrega de restos humanos que serían de los militares salvadoreños; pero Bukele lo negó y aseguró que “no son nuestros hombres”. La incertidumbre se prolonga.
Hay que decir que el presidente Nayib Bukele gana, políticamente, con casi cualquier desenlace. Si el rescate tiene éxito, cumple su promesa. Si los rehenes salen por negociación, lo presentará como fruto de su presión. Si el final es trágico, tendrá mártires y una causa para endurecerse.
El único escenario que lo perjudicaría sería un mayor estancamiento, que dure semanas o meses, sin noticias y amenazas incumplidas; ahí quedaría como un presidente incapaz de doblegar a las pandillas.
Para República Dominicana, esta acción militar podría tener consecuencias inmediatas, cualquiera que sea el resultado.
La localidad donde desaparecieron los salvadoreños, Croix-des-Bouquets, está sobre la ruta que une Puerto Príncipe con el paso de Malpasse–Jimaní. Por tanto, una ofensiva en esa zona puede desplazar civiles y/o grupos armados hacia la frontera, amenazando la seguridad fronteriza dominicana.
De hecho, este 24 de octubre, el presidente Luis Abinader informó que conversó con Bukele y que República Dominicana ofrecerá apoyo logístico y de inteligencia a la operación. Al mismo tiempo, reforzó la frontera sur con tropas, blindados, aviones y drones, y advirtió que las bandas que se acerquen serán tratadas como terroristas.
El refuerzo fronterizo y el intercambio de inteligencia protegen los intereses dominicanos y tienen bajo costo político, son medidas positivas para el país.
El apoyo logístico exige más cuidado, porque mantener contacto con la Fuerza de Supresión de Pandillas no es suficiente si no se cuenta con el consentimiento del gobierno haitiano. Sin esa condición, el país podría convertirse en plataforma de una operación que no controla, en un vecino con el que comparte una historia compleja.
Por eso conviene que el gobierno haga público el marco de esa cooperación, con al menos cuatro puntos:
Hacer públicas esas reglas ahora evitará decidir bajo presión. Porqueel presidente Nayib Bukele puede ganar o perder “su guerra” en Haití, pero si sus operaciones salen demasiado mal las consecuencias podrían llegar a Jimaní mucho antes que a San Salvador.
Cualquier conflicto que se acerque a la frontera podría comprometer la economía nacional, afectando un comercio que entre enero y agosto sumó US$921 millones en exportaciones dominicanas hacia Haití, en un momento tan delicado como este, marcado por las guerras del Golfo Pérsico y Ucrania que mantienen altos los precios de los combustibles y generan inflación por el efecto cascada que esto produce.
Por eso, después de Haití, República Dominicana es el país que tiene más que perder en esta historia y necesita, por tanto, fijar sus reglas antes de que otros se las impongan.
